Conservación y Custodia de Libros y Papeles de Sociedades Liquidadas


  1. ¿Qué sucede con el archivo de una empresa al disolverse o liquidarse?
  2. ¿Quién es responsable del archivo de una sociedad sujeta a inspección y vigilancia al disolverse o liquidarse?
  3. ¿Qué acciones toma la Superintendencia de Sociedades cuando una empresa se disuelve o liquida?
  4. ¿La Superintendencia de Sociedades se hace responsable de la custodia del archivo de una empresa al disolverse o liquidarse?
  5. ¿Cuál es el marco normativo que respalda las respuestas anteriores?

En primer lugar, el liquidador de la sociedad asume la responsabilidad de conservar y custodiar los archivos por cinco años después de la aprobación de la cuenta final de liquidación. La Superintendencia no interviene directamente en el proceso de disolución o liquidación de una empresa.

Ideas Principales:

  1. La responsabilidad del archivo recae en el liquidador.
  2. La Superintendencia no interviene en la disolución o liquidación.
  3. Normativas como la Ley 594 de 2000 y el Código de Comercio guían la gestión archivística.
  4. El tiempo de conservación de documentos está regido por la Ley 594 de 2000 y el Código de Comercio.
  5. La retención de historias laborales puede ser de hasta 100 años según el Archivo General de la Nación.
  1. El liquidador, designado en el proceso de disolución, tiene la responsabilidad primordial de conservar y custodiar los archivos de la sociedad.
  2. La intervención de la Superintendencia de Sociedades no es directa durante la disolución o liquidación, limitándose a casos específicos según normativas vigentes.
  3. La gestión archivística de las empresas, supervisadas por la Superintendencia, se rige por la Ley 594 de 2000 y el Código de Comercio, estableciendo pautas claras.
  4. El periodo de conservación de documentos, según el Código de Comercio, se extiende por al menos diez años, permitiendo la eliminación garantizando su reproducción exacta.
  5. Las historias laborales, sin un plazo específico, pueden retenerse hasta 100 años, asegurando la protección de los derechos de los ex trabajadores.