Reforma al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Los principales ejes de la reforma son:

(i) la distribución armónica de las competencias entre el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos del circuito;

(ii) el fortalecimiento de la función unificadora del Consejo de Estado como tribunal de cierre de lo contencioso administrativo;

(iii) la adopción de medidas dirigidas a lograr un proceso contencioso administrativo más ágil y eficaz, superando antinomias y ambigüedades, que garantice la tutela judicial efectiva, fortaleciendo el uso de las TIC y

(iv) una nueva regulación para el aporte, solicitud y práctica de la prueba pericial que, sin menoscabar el debido proceso, garantice su práctica bajo un plazo razonable.

También se crea el control automático de legalidad de fallos con responsabilidad fiscal y se agiliza la solicitud de extensión de jurisprudencia, entre otras disposiciones.