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La Interpretación del Impuesto de Timbre Nacional en el Marco de la Liquidación de Sociedades

En la actualidad, la interpretación y aplicación del Impuesto de Timbre Nacional, especialmente en relación con la liquidación de sociedades, se ha convertido en un tema de relevancia en el ámbito contable, tributario y laboral en Colombia. A través de este artículo, abordaremos algunas interrogantes fundamentales en torno a este impuesto, particularmente en el contexto de la liquidación de sociedades y la elevación a escritura pública de ciertas operaciones.

Causación y Base Gravable del Impuesto

¿Se Causa el Impuesto al Elevar a Escritura Pública la Adjudicación de un Inmueble en la Liquidación de una Sociedad?

Una de las preguntas frecuentes en este ámbito es si el Impuesto de Timbre Nacional se causa cuando se eleva a escritura pública la adjudicación de un inmueble como parte del proceso de liquidación de una sociedad, siempre y cuando el valor del inmueble sea igual o superior a 20.000 UVT.

Según el artículo 247 del Código de Comercio, una vez pagado el pasivo externo de la sociedad, se procede a distribuir el remanente de los activos sociales entre los asociados. Esta distribución se hace constar en un acta en la que se especifican los nombres de los asociados, el valor de su interés social y la suma de dinero o los bienes que recibe cada uno como parte de la liquidación. Esta acta se protocoliza en una notaría del lugar del domicilio social.

El Impuesto de Timbre se causa cuando se eleva a escritura pública la adjudicación de un inmueble en el marco de la liquidación de una sociedad, de acuerdo con el artículo 519 del Estatuto Tributario.

La enajenación de un bien, independientemente de si es onerosa o gratuita, se considera como una transferencia de propiedad y, por lo tanto, está sujeta al Impuesto de Timbre Nacional.

¿Se Causa el Impuesto al Elevar a Escritura Pública la Dación en Pago de un Inmueble en el Contexto de un Proceso de Reorganización Empresarial?

Otra cuestión relevante es si el Impuesto de Timbre se causa al elevar a escritura pública la dación en pago de un inmueble por parte de una sociedad en el marco de un proceso de reorganización empresarial, siempre y cuando el valor del inmueble sea igual o superior a 20.000 UVT.

El artículo 68 de la Ley 1116 de 2006 establece que el acuerdo de reorganización y el de adjudicación deben constar íntegramente en un documento escrito firmado por quienes lo hayan votado favorablemente. Además, cuando el acuerdo tiene por objeto transferir, modificar, limitar el dominio u otro derecho real sobre bienes sujetos a registro, la inscripción en el registro correspondiente será suficiente, sin necesidad de otorgar escritura pública.

En línea con lo anterior, las escrituras públicas otorgadas en desarrollo o ejecución del acuerdo de reorganización o de adjudicación, así como aquellas que tienen por objeto reformas estatutarias o daciones en pago sujetas a dicha solemnidad, se consideran documentos sin cuantía para efectos de timbre, impuestos y derechos de registro. Esto significa que no generan el Impuesto de Timbre Nacional.

Normatividad

Normatividad	Descripción
Artículo 247 del Código de Comercio	Establece las disposiciones sobre la distribución de activos en la liquidación de sociedades y la protocolización de actas.
Artículo 519 del Estatuto Tributario	Define las condiciones bajo las cuales se causa el Impuesto de Timbre Nacional en transacciones de enajenación de bienes.
Artículo 68 de la Ley 1116 de 2006	Regula las formalidades relacionadas con acuerdos de reorganización y adjudicación en procesos de reorganización empresarial.

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Conclusiones

En resumen, en el contexto de la liquidación de sociedades, el Impuesto de Timbre Nacional se causa al elevar a escritura pública la adjudicación de un inmueble, siempre que su valor sea igual o superior a 20.000 UVT.

Por otro lado, en el marco de un proceso de reorganización empresarial, la dación en pago de un inmueble mediante escritura pública no genera el Impuesto de Timbre, de acuerdo con la normativa vigente.

Es importante destacar que estas interpretaciones se basan en las disposiciones legales y doctrina emitida por la Superintendencia de Sociedades y la DIAN, y pueden estar sujetas a cambios futuros en la legislación.

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